Córdoba y Granada
El señor GÓMEZ JURADO
—Muchas gracias, señor presidente.
Señora consejera, sabe usted que la sombra de la huelga se cernía hasta ayer por las ambulancias
de Córdoba. Sabe usted que está también pendiente de la resolución de lo que vaya a ocurrir en Granada, en la que le están pidiendo que se vuelva a abrir otra vez la licitación. Las condiciones laborales a las
que están exponiendo la empresa SSG y Pasquali a los trabajadores de las ambulancias en Córdoba es
auténticamente deleznable: dos despidos disciplinarios, cuatro despidos objetivos, cuatro despidos por
movilidad geográfica, desde septiembre. La situación de los trabajadores: falta de EPI, anoraks, calzado necesario, zonas de áreas de descanso; turnos de 48 horas; llegan a deberles hasta 400 horas —e
incluso más en algunas zonas como Rute y Cabra, en las que se les llega deber casi mil horas—; impagos de festivos, impagos de vacaciones… En general, un detrimento y un empeoramiento de las condiciones laborales de estos trabajadores.
Pero no solamente eso; de lo que estamos hablando es del servicio de ambulancias, que sabe
usted que es tan esencial. El empeoramiento de ese servicio produce, en general, un empeoramiento de la situación sanitaria de muchos pacientes, como es el caso de los pacientes de oncología o de los pacientes de diálisis, donde tenemos ya ejemplos en los que, por tardar cinco horas,
dejan de ir.
Aquí la tenemos a usted también, en 2018, pidiendo que se dejase…, que se prohibiese la localización
de los trabajadores. Hasta ahora mismo, lo único que se ha conseguido ha sido reducir a la mitad esa
localización de los trabajadores, a cambio de que su salario por hora pase a 2,40. ¿Tiene pensado desde su consejería a hacer algo a este respecto?
A mí lo que me sorprende, desde luego, es que ustedes licitasen a una empresa pirata —que es exactamente lo que es esta empresa—, porque ya se le rescindió un contrato en Baleares y, además, en
Castilla y La Mancha no solamente se le rescindió, sino que se le vetó por completo: no pueden volver a
presentarse, porque es una empresa, como le digo, pirata.
Mire, aquí tengo el nombre del presidente de esta empresa: se llama Jaume Aubia i Marimon. Mire,
yo en las casualidades en política, la verdad es que no creo. Este señor fue nada más y nada menos que
Director General de Recursos Humanos y Servicios Económicos y Presupuestarios del Ministerio de Sanidad con Aznar, desde 1999 hasta 2004. Con la casualidad también de que, precisamente, la directora de salud de Córdoba es familia de Aznar —concretamente, su cuñada—. Como en las casualidades
en política no creo, vamos a dejarlo en que lo llamaremos el triángulo de las ambulancias en Córdoba.
El señor Aznar, la consejería y el señor Jaume.
Señora consejera, ¿no se cansan ustedes de deteriorar las instituciones y lo público en Andalucía?
LA CONSEJERA RESPONDE:
Señor Gómez, si usted tiene algo que denunciar, están los tribunales. Aquí se hacen concursos y las
empresas se presentan y las mesas de contrataciones deciden. Otros harán otras cosas, aquí no.
[Aplausos.]
Si usted tiene algo que denunciar, a los tribunales.
Y yo le voy a decir lo que nosotros hemos hecho, en cuatro años que llevamos gobernando, por el
servicio de ambulancias, porque supongo que les interesará saber lo que hemos hecho por el servicio
de ambulancias, creo yo, ¿no?
Pues mire, yo se lo voy a contar. Mire usted, cuando nosotros llegamos aquí, había unas ambulancias,
que se llamaban A1E —se acordarán todos ustedes, señorías—; se las inventó el Partido Socialista, en
contra de la ley. Bueno, pues todos los expedientes que han ido caducando, nosotros hemos ido reconvirtiendo esas ambulancias y de, por ejemplo, en Córdoba, provincia que usted ha nombrado, había 43 ambulancias A1E ilegales, y ahora tenemos 23 A1 y 20 ambulancias C. En Sevilla, cinco se han convertido en tipo C, y en Cádiz, una que había se ha convertido en tipo C. Desde entonces hasta ahora, se han creado en todas las provincias comisiones de control del transporte sanitario.
En el mes de diciembre se constituyó la comisión regional del transporte sanitario. Ese
mismo BOJA recogía el plan funcional de cada una de las provincias para el transporte sanitario. Y por
supuesto que vamos a estar pendientes; por supuesto que la Dirección General de Asistencia Sanitaria
y Gestión Económica se sienta siempre con las empresas.
Y por supuesto que no vamos a dejar que las empresas no cumplan los contratos y que las empresas no respeten los derechos laborales de los trabajadores. Y lo vamos a hacer de acuerdo a la ley con los mecanismos que marca la ley.
Señorías, nuestro objetivo es siempre mejorar lo público y mejorar la sanidad en Andalucía. Y lo demuestran los pasos que damos, los pasos que damos para el control, para la transparencia y para la objetividad. Y en eso hemos trabajado en el transporte sanitario durante cuatro años, señoría.
Gracias
