La provincia de Granada es uno de los casos más significativos de Andalucía en materia de transporte sanitario. Aquí no solo hubo una gran licitación provincial, sino también una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que cambió el adjudicatario del contrato, un relevo empresarial con fuerte tensión social y laboral, y posteriores denuncias sobre recursos, condiciones de trabajo y cobertura asistencial. Para PLATESA, Granada demuestra que una licitación no termina cuando se firma, empieza ahí su verdadero examen. (Junta de Andalucía)
El inicio del gran contrato provincial, martes 6 de marzo de 2018
El martes 6 de marzo de 2018, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía autorizó la contratación del transporte sanitario terrestre urgente y programado en Granada, por un importe de 64.243.838,25 euros, exento de IVA. En la información oficial se encuadró esta contratación dentro del paquete provincial que afectó también a Cádiz, Jaén y Huelva. (Junta de Andalucía)
Licitación publicada en BOE, jueves 8 de marzo de 2018
La convocatoria de la licitación se publicó en el BOE el jueves 8 de marzo de 2018 y en el DOUE el sábado 10 de marzo de 2018. El expediente fue el CCA. 6NP1U7R. El objeto del contrato era la prestación integral del transporte sanitario terrestre de los centros vinculados al área geográfica de cobertura sanitaria de la provincia de Granada, tanto para pacientes atendidos por el SAS como para el traslado de personal de urgencias y programado. El procedimiento fue abierto, con un valor estimado de 122.063.292,68 euros y un presupuesto base de licitación de 64.243.838,25 euros. (BOE)
Adjudicación inicial y formalización, 2018
La adjudicación inicial del contrato se produjo el martes 7 de agosto de 2018 y la formalización quedó fechada el sábado 15 de septiembre de 2018. El adjudicatario fue el Consorcio de Transporte Sanitario de Granada, A.I.E. y el importe de adjudicación ascendió a 64.243.680,00 euros. (BOE)
La sentencia que cambió el contrato, jueves 3 de noviembre de 2022
La situación dio un vuelco cuando la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, con sede en Granada, dictó el jueves 3 de noviembre de 2022 la sentencia 4487/2022. Según la resolución publicada posteriormente en BOJA y recogida también por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, esa sentencia anuló la adjudicación de 2018 al Consorcio de Transporte Sanitario de Granada y ordenó adjudicar el contrato a la mercantil recurrente, formada por Servicios Sociosanitarios Generales, S.L. y Ambulancias M. Pasquau, S.L.. (Junta de Andalucía)
Enero y abril de 2023, la Junta asume la adjudicación y ejecuta la sentencia
El lunes 30 de enero de 2023 se publicó en BOJA la resolución por la que la Dirección Gerencia del SAS avocó la competencia para adjudicar directamente este expediente. El motivo que figura en el texto oficial fue prevenir posibles conflictos de intereses en el procedimiento de adjudicación, dada la ejecución de una sentencia judicial firme. (Junta de Andalucía)
Después, el viernes 21 de abril de 2023, el SAS adjudicó el contrato, en ejecución de la sentencia, a la UTE formada por Servicios Sociosanitarios Generales Spain, S.L. y Ambulancias M. Pascuau, S.L.U., denominada abreviadamente UTE TSI Granada. El viernes 2 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía inadmitió el recurso especial presentado por Ambulancias Alhambra contra esa nueva adjudicación, al entender que no se trataba ya de una licitación ordinaria sino del cumplimiento de un mandato judicial firme. (Junta de Andalucía)
Agosto de 2023, Ambulancias Alhambra cesa su actividad y se anuncia la subrogación
El miércoles 2 de agosto de 2023, se hizo público que Ambulancias Alhambra cesaba su actividad y que la plantilla sería subrogada por SSG, que asumiría el transporte sanitario en Granada. La información difundida entonces señalaba que el cambio respondía al cumplimiento de la sentencia del TSJA y que el relevo empresarial se esperaba para mediados de septiembre. (El Independiente de Granada)
Primavera y otoño de 2023, protestas por la nueva adjudicataria
La plantilla y el comité de empresa venían alertando de los riesgos del cambio desde antes de la entrada efectiva de la nueva empresa. El viernes 10 de marzo de 2023, trabajadores de ambulancias de Granada reclamaron una nueva licitación que garantizara tanto la prestación del servicio como el cumplimiento de sus derechos laborales. En esa protesta denunciaron que la nueva adjudicataria era una empresa de fuera de la provincia, conocida, según ellos, por conflictos e incumplimientos laborales en otros territorios, y pidieron que en futuras licitaciones se tuviera en cuenta también la conflictividad laboral y la vulneración de derechos. (El Independiente de Granada)
El martes 4 de abril de 2023, Granada Hoy recogió esa misma preocupación sindical y laboral, insistiendo en que la nueva empresa llegaba por efecto de una sentencia del TSJA y que la plantilla reclamaba garantías sobre calidad del servicio, medios materiales y subrogación. (Granada Hoy)
Más adelante, el miércoles 11 de octubre de 2023, elDiario.es publicó que el nuevo servicio quedaba en manos de la UTE TSI Granada, integrada por SSG y Ambulancias M. Pasquau, y subrayó la inquietud de la plantilla, de más de 400 trabajadores, por su futuro laboral, la antigüedad, los complementos y la suficiencia de la flota. Esa misma información señalaba, no obstante, que la subrogación total del personal había quedado finalmente confirmada. (elDiario.es)
Un precedente importante, marzo de 2021, protestas contra la privatización del servicio público directo
Granada ya había vivido antes otro conflicto relevante. El martes 16 de marzo de 2021, CSIF, CCOO y UGT protestaron contra la “privatización” de la ambulancia del centro de salud de Gran Capitán, que describían como la única ambulancia de gestión pública que quedaba en la capital. Los sindicatos denunciaron que el SAS había modificado los turnos de los celadores conductores por teléfono y WhatsApp, sin comunicación previa a los representantes sindicales, para incluir una ambulancia concertada en el servicio. También alertaron de que la decisión perjudicaba tanto a la calidad asistencial como a los derechos laborales. (El Independiente de Granada)
2025 y 2026, nuevas denuncias por el traslado de pacientes críticos en la zona norte
La conflictividad en Granada no ha quedado limitada al relevo contractual de 2023. En el ámbito del transporte de pacientes críticos, sindicatos de la provincia han seguido denunciando carencias. El lunes 9 de febrero de 2026, CCOO denunció que la comarca de Baza seguía desatendida en los traslados de pacientes críticos a la capital, al tener que asumir esas funciones un equipo móvil SUAP que dejaba durante horas sin cobertura urgente suficiente a varios municipios de la zona. (El Independiente de Granada)
Pocos días después, el miércoles 25 de febrero de 2026, UGT volvió a denunciar la falta de un equipo terrestre del 061 para esos traslados, afirmando que el personal de Atención Primaria debía realizar traslados de pacientes críticos en una ambulancia cuya revisión, dotación y mantenimiento, según el sindicato, no estaban suficientemente claros, con el consiguiente riesgo para pacientes y profesionales. (El Independiente de Granada)
Además, el miércoles 30 de abril de 2025, la Junta autorizó un nuevo contrato andaluz para el traslado de pacientes críticos. En ese expediente, el lote 1 incluía unidades con base en Córdoba, Granada y Jaén, con un valor estimado de 5.283.551,30 euros y un importe de licitación de 536.424,49 euros, IVA exento. Este contrato no sustituye al gran contrato provincial de ambulancias, pero sí afecta de forma directa a la estructura asistencial de Granada en traslados interhospitalarios críticos. (Junta de Andalucía)
Lo que revela el caso de Granada
Granada es el ejemplo perfecto de cómo un contrato público puede quedar marcado durante años por una cadena compleja de decisiones: autorización política, licitación, adjudicación inicial, recurso judicial, sentencia firme, cambio de adjudicataria, subrogación de plantilla y nuevas denuncias posteriores sobre medios, cobertura y condiciones laborales. (Junta de Andalucía)
Para PLATESA, el caso granadino deja varias lecciones muy claras. La primera, que la contratación pública del transporte sanitario debe analizarse también desde la perspectiva de los derechos laborales y no solo desde el precio. La segunda, que la provincia necesita una planificación que garantice vehículos suficientes, tiempos razonables, equipos de repuesto, dotaciones claras y cobertura real en todas las comarcas. Y la tercera, que cada cambio de adjudicataria debe vigilarse con especial atención cuando afecta a centenares de trabajadores y a un servicio que no admite fallos. (El Independiente de Granada)
Hechos oficialmente verificados en esta revisión
Contrato provincial principal: expediente CCA. 6NP1U7R, publicado en BOE el jueves 8 de marzo de 2018, con valor estimado de 122.063.292,68 euros y presupuesto base de licitación de 64.243.838,25 euros. (BOE)
Adjudicación inicial: martes 7 de agosto de 2018 a Consorcio de Transporte Sanitario de Granada, A.I.E., por 64.243.680,00 euros. Formalización: sábado 15 de septiembre de 2018. (BOE)
Sentencia clave: jueves 3 de noviembre de 2022, sentencia 4487/2022 del TSJA, que anula la adjudicación de 2018 y ordena adjudicar el contrato a Servicios Sociosanitarios Generales, S.L. y Ambulancias M. Pasquau, S.L. (Junta de Andalucía)
Nueva adjudicación en ejecución de sentencia: viernes 21 de abril de 2023, a la UTE TSI Granada. Resolución del Tribunal de Recursos: viernes 2 de junio de 2023. (Junta de Andalucía)
Cese de Ambulancias Alhambra y subrogación: hecho difundido públicamente el miércoles 2 de agosto de 2023. (El Independiente de Granada)
Hechos denunciados por la plantilla e incorporados por relevancia, pendientes de validación judicial pública abierta
Según la información trasladada a PLATESA por trabajadores afectados, el martes 31 de diciembre de 2024 se habrían producido despidos comunicados por WhatsApp en Granada, y los juicios por despido improcedente de parte de la plantilla estarían señalados para el martes 28 de abril de 2026.
En esta revisión no he localizado todavía una resolución judicial pública, un señalamiento abierto o una nota informativa externa verificable que permita elevar esos dos extremos al mismo nivel de verificación documental que el resto del informe. Por tanto, deben presentarse, por ahora, como hechos denunciados por los afectados y pendientes de resolución judicial, no como hechos ya acreditados por una fuente oficial abierta.
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